El servicio de reparto Glovo, que opera en Mallorca y en toda España, ha sido multado con 79 millones de euros por el Ministerio de Trabajo de Madrid. Motivo: La empresa había violado una ley que exige que las empresas de servicios de entrega contraten empleados oficialmente. Para salvar las cotizaciones a la seguridad social de más de 10.600 empleados, Glovo había contratado a los empleados como «falsos autónomos».

Glovo se fundó en Barcelona en 2015 como un servicio bajo demanda, con una aplicación móvil que principalmente le permite pedir productos de comida rápida y recibirlos en su hogar.

Una llamada ley de pasajeros, en vigor desde agosto de 2021, exige que los servicios de entrega en línea en España contraten a sus repartidores como empleados regulares, entre otras cosas. Hasta que se aprobó la ley, la mayoría de las plataformas de entrega contrataron a sus conductores de forma independiente. El Ministerio de Trabajo español inició el lunes múltiples procedimientos de infracción contra la empresa en su sede de Barcelona y sucursal de Valencia.

Las autoridades laborales impusieron una multa de 63,2 millones de euros a la sucursal de Glovo en la capital catalana y de 15,7 millones de euros a la sucursal de la empresa en Valencia, porque la relación laboral entre la empresa y al menos 8.331 trabajadores era regular y permanente, aunque eran autónomos de la empresa.