Managua/Madrid. El gobierno de Nicaragua ha informado al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España que retira de su cargo a su embajador Carlos Midence. La decisión fue «una reacción a las constantes presiones y amenazas contra nuestro embajador», dice la carta fechada el 10 de marzo. Esta situación impide al embajador cumplir con sus funciones diplomáticas.

Las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y España se encuentran en una crisis más profunda desde 2021, luego de que el país ibérico criticara la detención de posibles candidatos presidenciales de la oposición. El Gobierno de Madrid había ordenado por tanto el regreso de su embajadora María del Mar Fernández-Palacios y calificó las elecciones del 7 de noviembre de 2021 como «una farsa que no refleja la verdadera voluntad del pueblo». También llamó a la Unión Europea a iniciar trámites para la aplicación de nuevas sanciones individuales contra funcionarios nicaragüenses.

A cambio, el gobierno del presidente Daniel Ortega impidió que el embajador español regresara a Nicaragua.

Según el canciller español, José Manuel Albares, Nicaragua anticipó una posible expulsión al retirar a su embajador. Probablemente España habría aplicado el acostumbrado «principio de reciprocidad» en los intercambios diplomáticos y habría expulsado al embajador del país.

El enfoque de confrontación del gobierno del primer ministro Pedro Sánchez sobre los acontecimientos en Nicaragua no parece ser unánime en el país. Ismael Sánchez Castillo, diputado andaluz por Izquierda Unida, dijo que se podía ver al gobierno «participando en ataques a la autodeterminación de la sociedad nicaragüense y promoviendo una campaña mediática orquestada por Estados Unidos».

Mientras tanto, los presidentes de Gobierno y jefes de Estado españoles han tenido problemas con los gobiernos latinoamericanos pertenecientes a la Alianza de Izquierda Bolivariana (Alba) durante años. Es legendario el enfrentamiento entre Hugo Chávez y el rey de España Juan Carlos, cuando éste quiso «silenciar» a Chávez en la cumbre iberoamericana de 2007, así como el reiterado rechazo a las intervenciones de funcionarios del gobierno español, percibidos como colonialistas. Durante años, España ignoró o no reconoció al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y, en línea con la posición de Estados Unidos, consideró al autoproclamado «gobierno interino» del exdiputado Juan Guaidó como el gobierno legítimo.

Los medios nicaragüenses describen el creciente conflicto diplomático de diferentes maneras. Confidencial, un medio de comunicación en línea de larga data financiado por los Estados Unidos, se centra en la demanda de España de la liberación de las figuras de la oposición y la demanda del regreso del embajador. Los medios de comunicación y legisladores oficialistas como Wilfredo Navarro han acusado a España de injerencia directa en asuntos internos y de apropiación de posiciones estadounidenses, así como de apoyo geopolítico al Gobierno de EE.UU. y apoyo directo a las sanciones contra Rusia y los medios rusos.