Isla Valdecañas es un pequeño oasis para los madrileños adinerados a solo dos horas de la capital española. Pero la Corte Suprema ordenó la demolición del complejo porque el complejo fue construido en una reserva natural. Es un desastre para los pueblos de los alrededores, que ganan dinero con la isla.
En el cercano pueblo de El Gordo, Janet Sarro abrió una boutique con vista al parque. Ella teme que la sentencia se lleve a cabo. “Sería una derrota. En particular, para mi empresa, pero también en general para el lugar, para todos, porque al final nos afecta a todos, directa o indirectamente”.
Los residentes también tienen poca comprensión de la decisión tomada por los conservacionistas. Dice un transeúnte del pueblo: «También viene gente de la isla, van seguido a misa, dan mucho. Es muy bueno».
En el ayuntamiento de El Gordo luchan por preservar Isla Valdecañas en una zona de España llamada vacío – el éxodo rural. “En los años sesenta había dos mil habitantes. Tuvieron que emigrar, el pueblo entonces tenía sólo trescientos habitantes, en los noventa eran 250. Hoy, gracias a la isla, aquí vuelven a vivir los nietos, de los que se fueron a Madrid en los años sesenta fue».
La última decisión judicial es el final temporal de una batalla legal que se ha prolongado durante dieciséis años. Los vecinos de pueblos como El Gordo están preocupados por el posible derribo de Isla Valdecañas. Además, dicha obra costaría alrededor de 145 millones de euros.
Sin embargo, lo cierto es que ninguna de las seis sentencias dictadas hasta el momento confirman la legitimidad de Isla Valdecañas. El principal centro de investigaciones ambientales de España, CSIC, denuncia el daño ambiental causado y mantiene la demanda.
Los afectados ahora solo pueden recurrir al Tribunal Constitucional o la justicia europea para evitar la demolición del complejo.
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