A partir del miércoles 10 de agosto se estrangularán los sistemas de aire acondicionado en Mallorca y en toda España. Limitar los electrodomésticos a 27 grados en verano (y la calefacción a 19 grados en invierno) en edificios públicos, locales comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos, estaciones de tren y autobús), instituciones culturales y hoteles es una de las primeras medidas de la nuevo decreto de ahorro de energía del gobierno central, que entra en vigor esta semana.
De esta forma, Madrid espera reducir rápidamente su consumo energético y aplicar las decisiones europeas derivadas de la guerra de Ucrania. Todas las medidas adoptadas tienen vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. No obstante, los centros de salud y hospitales, centros de formación (escuelas, universidades y guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los propios medios de transporte (trenes, aviones, aeropuertos, barcos, etc.) .) están exentos. También quedan excluidos los lugares en los que sean necesarias excepciones por las especificidades del sector de que se trate y -en el caso de los hoteles- las propias habitaciones, pero la normativa se aplica al resto del hotel (restaurante, cafetería, habitaciones municipios).
Sin embargo, la ministra de Cambio Climático de España, Teresa Ribera, aclaró el viernes que los bares y restaurantes también pueden limitar el uso del aire acondicionado a «alrededor de 25 grados». En ese sentido, aclaró que los 27 grados regulados en la nueva ley se pueden aplicar «con flexibilidad». Como ejemplo, citó que los clubes nocturnos, las cocinas de los comedores y los gimnasios requieren una temperatura diferente a la de otras habitaciones como una librería. La razón de esto es, entre otras cosas, las medidas de seguridad laboral.
Los espacios comerciales, edificios públicos, centros culturales y hoteles que no cumplan con el plan de ahorro y eficiencia energética dictado por el gobierno serán sancionados con multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, hasta 6 millones de euros por infracciones graves y hasta 100 millones de euros en caso de infracciones muy graves.