En España, 1,3 millones de toneladas de alimentos acaban cada año en la basura.
Esto debería acabar ya, porque el Gobierno de Madrid quiere criminalizar el despilfarro de alimentos y ha aprobado un proyecto de ley al respecto.
Por ley, las donaciones de alimentos a los bancos de alimentos y otros grupos de apoyo deberían organizarse mejor. Se insta a los supermercados a reducir sus precios a medida que se acerca la fecha de caducidad. Los restaurantes y pubs deben ofrecer a los clientes bolsas para perros gratuitas para que puedan llevarse a casa la comida que no hayan consumido.
El proyecto de ley prevé multas de entre 2.000 y 60.000 euros para todas las empresas de la cadena de producción y distribución que produzcan residuos alimentarios evitables. Y para los reincidentes hasta 500.000 euros.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado el carácter innovador de la ley destinada a prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en la UE. Solo Francia e Italia tienen reglas similares.
“Los residuos tienen consecuencias económicas, sociales y éticas”, dijo Planas. «El 20% de todas las pérdidas ocurren en el camino a la tienda, pero el 40% luego ocurre en el comercio minorista o en los hogares de los consumidores».
La ley deberá ser presentada al Parlamento en los próximos días y, según el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, entrará en vigor a principios de 2023.
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