Managua (dpa) – El gobierno autoritario de Nicaragua también aumenta la presión sobre sus críticos en el exterior. Tras la expulsión y expatriación de 222 presos opositores, la justicia de este país centroamericano revocó este miércoles (hora local) la ciudadanía a otras 94 personas que ya vivían en el exilio. Entre los expatriados también se encuentran el reconocido escritor Sergio Ramírez y la autora de renombre internacional Gioconda Belli. Todos habían sido expatriados por alta traición, dijo el presidente de la corte de apelaciones de la capital Managua.

También se ven afectados diplomáticos, periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y el obispo católico Silvio Báez. “Los imputados continúan cometiendo hechos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”, dijo el juez. También han sido acusados ​​de difundir noticias falsas y socavar la integridad nacional. Su propiedad debe ser confiscada.

Ramírez, Premio Cervantes de Literatura Española en 2017, y Belli («Mujer habitada» entre otras) viven exiliadas en España. Ambos fueron compañeros del actual presidente Daniel Ortega en la década de 1970 en la lucha de los sandinistas de izquierda contra la dictadura de Anastasio Somoza. Después de la caída de Somoza en 1979, Ortega y Ramírez se convirtieron en miembros de la junta gobernante de cinco hombres. Luego, en 1985, Ortega asumió la presidencia mientras que Ramírez se convirtió en vicepresidente. En 1990 fueron elegidos.

Detenidos deportados a Estados Unidos

Ortega volvió al poder como jefe de Estado y de Gobierno en 2007 y ha gobernado ininterrumpidamente desde entonces. Su esposa, Rosario Murillo, es vicepresidenta desde 2017. El exguerrillero y su esposa utilizan métodos cada vez más duros contra las críticas. Más de 350 personas murieron en protestas antigubernamentales en 2018. Antes de su controvertida reelección en 2021, Ortega hizo arrestar a siete candidatos. 3.000 organizaciones no gubernamentales han perdido su acreditación.

La semana pasada, Ortega deportó a Estados Unidos a casi todos los presos que, según activistas de derechos humanos, estaban detenidos en Nicaragua por motivos políticos. También fueron despojados de su ciudadanía. El obispo Rolando Álvarez, bajo arresto domiciliario, se negó a ser sacado del país. Al día siguiente fue condenado a 26 años de prisión. Según informes de los medios, el clérigo se encuentra actualmente recluido en una pequeña celda en duras condiciones carcelarias.

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