El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había prometido a los «catalanistas» una amnistía y otras concesiones para obtener los votos de dos partidos separatistas para su reelección en noviembre. Los partidos liberales del líder separatista Puigdemont y el izquierdista ERC continúan buscando la secesión de Cataluña de España. Pero Sánchez quiere evitarlo y desactivar el conflicto mediante el diálogo.

Descontento y protestas

Los planes de amnistía han provocado mucha ira dentro de la cuarta economía más grande de la UE en los últimos meses. Hubo manifestaciones con miles de participantes. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, del conservador Partido Popular, calificó la medida de “vergüenza nacional” y de “vergüenza internacional”. Acusó a Sánchez de «corrupción» política porque había «comprado» su reelección gracias a la amnistía.

La amnistía se aplica a cualquiera que haya estado en conflicto con la ley como parte del movimiento independentista desde 2012. Sólo quedan excluidos unos pocos delitos, como el terrorismo. Uno de los 400 beneficiarios es Puigdemont, bajo cuyo liderazgo Cataluña se vio sumida en el caos después de un referéndum ilegal sobre la independencia y la decisión de secesionarse de España en otoño de 2017. El gobierno central conservador de la época colocó a la región bajo administración obligatoria. Puigdemont pudo escapar con algunos de sus compañeros de armas y desde entonces vive exiliado en Bélgica.