La Unión Europea apoya a las empresas hortofrutícolas de España e Italia con millones de dólares en subvenciones, incluso si violan las normas sobre salarios y seguridad y salud en el trabajo.

Según información de Bayerischer Rundfunk, un productor de hortalizas de la provincia española de Almería, en Andalucía, ha recibido en los últimos tres años una financiación de 3,4 millones de euros, a pesar de violaciones de las normas sobre sueldos y seguridad en el trabajo. Los trabajadores agrícolas se quejan de los bajos salarios y del uso de aerosoles tóxicos sin ropa protectora. La ley exige trajes de protección completos y formación especial para la fumigación. El sindicato regional ha recibido numerosas denuncias contra el productor de tomate ecológico. La empresa española también abastece a supermercados y tiendas de descuento alemanes.

El dinero de los impuestos va a talleres clandestinos

Las búsquedas en bases de datos españolas muestran que otras empresas de la región de Almería que no cumplen con las regulaciones salariales y laborales reciben subvenciones millonarias. De modo que el dinero de los impuestos va a parar a empresas que explotan a los trabajadores. Las empresas están acusadas de dumping salarial, violaciones de las leyes de seguridad en el lugar de trabajo y fraude en las cotizaciones a la seguridad social.

La UE distribuye un total de 58 mil millones de euros en subsidios agrícolas cada año. Alrededor del 70 por ciento de esta cantidad se destina a los agricultores en forma de pagos directos. Los estándares sociales como las leyes laborales y los salarios mínimos no juegan ningún papel en el proceso de adjudicación.

Los eurodiputados critican duramente esta decisión, en particular Martin Häusling, de la Alianza 90/Los Verdes. La Comisión Europea necesita cambiar urgentemente esta práctica de contratación pública y controlar más de cerca el desembolso de fondos de la UE en países como Italia y España. Karl-Heinz Florenz (CDU) exige que se retiren inmediatamente las subvenciones si se documentan las quejas.

Interrogado, el Comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, no ve la necesidad de actuar, ni siquiera en el programa de subvenciones para los próximos años que se está desarrollando actualmente.

Esclavitud y barrios marginales en Europa

Decenas de miles de inmigrantes y refugiados buscan trabajo en el sector agrícola en España e Italia. El aumento de las cifras significa que la presión competitiva está aumentando. Muchos agricultores y terratenientes explotan sin escrúpulos la difícil situación de quienes buscan trabajo.

En Almería, España, la región productora de frutas y verduras con invernaderos más grande del mundo, muchos trabajadores agrícolas ganan sólo 25 euros al día, en comparación con el salario estándar de alrededor de 47 euros. Los sindicatos y las organizaciones de refugiados hablan de “esclavitud moderna”. Miles de trabajadores en el terreno no pueden permitirse una vivienda. Viven en chozas que ellos mismos construyeron con desechos, sin agua ni electricidad.

Según un estudio de BR, en Italia las bandas criminales organizan la colocación de agentes de campo. Los llamados caporali reclutan trabajadores en centros de refugiados o en granjas de trabajo, los hacen dependientes de sí mismos y reciben parte del salario de los recolectores. En muchos casos, la ‘Ndrangheta está detrás de esto, confirman la policía y los fiscales.

Los supermercados alemanes niegan su responsabilidad

Los productos de agricultores y productores criticados también se encuentran en las estanterías de las grandes cadenas de supermercados de Alemania. Se encontraron productos españoles en las tiendas Edeka, Rewe, Real, Penny y Lidl. Los agricultores de Almería se quejan: los comerciantes alemanes son los que más fijan los precios. Según la organización humanitaria Oxfam, toda la presión de los costes repercute en los trabajadores agrícolas y es una de las principales razones de la explotación laboral.

Las grandes cadenas de supermercados alemanas niegan su responsabilidad. Cuestionados por BR, se refieren al certificado GlobalG.AP. A continuación se comprobarán in situ las operaciones de cultivo para detectar posibles irregularidades.

Sin embargo, como ya se han documentado problemas en el pasado en empresas certificadas, GlobalG.AP ha sido objeto de críticas. También es una etiqueta que el propio comercio minorista financia.